Con 108 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones la Convención Constitucional aprobó iniciativa “Será Ley”, que apunta a garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, asumiendo que es deber del Estado brindar las condiciones para un embarazo o su interrupción voluntaria por parte de mujeres, niñas y adolescentes de Chile.
A continuación, la declaración de la convencional Elisa Giustinianovich sobre esta materia y sobre la norma de Educación Sexual Integral.
“Estaba previsto en todos los manuales internacionales sobre manejos de pandemia, pero como usualmente ocurre en las políticas públicas que atañen a las mujeres, la advertencia llegó tarde. En regiones como Magallanes, donde la emergencia COVID nos encontró a veces hasta sin provisiones -porque los camiones deben cruzar por Argentina para llegar a la Patagonia-, los servicios públicos se limitaron solo a la atención de salud en pandemia, y los tratamientos de salud reproductivos y no reproductivos no fueron prioridad, y en muchos casos, se detuvieron en su totalidad. ¿Cuántas mujeres se vieron obligadas a embarazos forzados por negarles el acceso a los servicios de salud y tratamientos anticonceptivos? De hecho, probablemente recuerden que hasta las canastas básicas solidarias no contenían toallas higiénicas o sanitarias, pese a que las personas con útero somos más de la mitad de la población, y un gran grupo sangramos cada mes.
Durante la pandemia, miles de niñas y mujeres debieron compartir cuarentenas con sus agresores, muchos de ellos miembros de la familia o parejas, quienes producto de la violencia sexual y de esta convivencia forzada quedaron embarazadas sin consentimiento. Con todas las fronteras cerradas, sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos de emergencia, sin una ley que ampare, muchas debieron buscar en el mercado ilegal pastillas de dudosa procedencia, sin ninguna seguridad sobre su composición y efectividad, un negocio levantado principalmente por hombres que lucran con la urgencia de un embarazo no deseado cobrando más de $300 mil pesos por envío a la Patagonia.
Como la han hecho y harán otras compañeras esta tarde, podríamos presentarles los casos más extremos para buscar empatizar. Como la de una paciente con Lupus en Magallanes que buscaba acogerse a una de las tres causales, pero que no pudo porque el comité médico retrasó su informe quedando fuera de las semanas provistas en la ley. La de una menor de edad que buscaba acompañamiento feminista, porque tenía terror de contarle a su madre de la violación sufrida y el posterior embarazo, -a quien no pudimos ayudar porque se dio cuenta pasada la semana 14-. O la de la compañera migrante con una pérdida, a quien el médico de turno en el Hospital Clínico rehusó darle pastillas para terminar el embarazo -porque depende exclusivamente de su criterio o más bien descriterio-, pese al dolor físico y emocional que le aquejaba por cargar con un feto muerto en su vientre.
O los médicos objetores de conciencia, que en un momento representó a casi todos los gineco-obstetras de la comuna de Natales, dificultando aún más el acceso, que ya es problemático y violento. De hecho hoy, en el Hospital Clínico de Magallanes, de los 15 médicos obstetras contratados, el 60% es objetor de conciencia en la causal de violación, contribuyendo a la revictimización, a la ineficiencia de la aplicación de las 3 causales, y a que muchas no puedan recibir los servicios que se supone garantiza hoy la ley.
Ley que contrario a lo que auguraban los antiderechos, no produjo filas de mujeres en los hospitales buscando abortar, y que de acuerdo con cifras de la Universidad de Chile, están por debajo de lo estimado, estableciendo que las mujeres no están teniendo acceso: por temor al estigma, el miedo a ser juzgadas, la vergüenza, la culpa, o porque no es fácil revelar el contexto de una violación, sobre todo las niñas y adolescentes.
Pero que además consigna, lo que también ya sabemos: que de las mujeres que se acogen a la ley, un número significativo representa a migrantes, a menores de edad, a mujeres de regiones, a usuarias de Fonasa A, y a personas gestantes en situación de vulnerabilidad y pobreza multidimensional.
Porque lo cierto hoy es que quienes están en contra -con un vergonzoso doble estándar sobre la defensa a la vida-, buscarán darle aristas éticas, morales y filosóficas, a lo que a todas luces, y con vasta documentación, estudios y datos, es un problema de clase y de salud pública, porque solo afecta a personas pobres. Y en contextos de vidas precarias, somos las feministas las que hemos debido sostener las redes de acompañamiento frente a un Estado ausente, que criminaliza y persigue el ejercicio de nuestra autonomía.
Hoy llamamos a aprobar la norma Será Ley, porque unos cuerpos no pueden importar más que otros, porque obligar a las mujeres a reproducirse, obligar a las mujeres a embarazos forzados, es sinónimo de tortura. porque los derechos de las mujeres y personas gestantes también son Derechos Humanos.
Y llamamos también a aprobar la norma de la Educación Sexual Integral, porque debe garantizarse la Educación en Derechos Humanos, el acceso a información, a educación afectiva, porque previene embarazos no deseados, abusos sexuales infantiles (y los detiene cuando están ocurriendo), da a conocer los servicios y mecanismos legales para enfrentar abusos y vulneraciones de derechos; previene infecciones de transmisión sexual, promueve la no discriminación, da a conocer la amplia diversidad de identidades y orientaciones sexuales, a establecer diálogos sobre consentimiento y deseo, y a avanzar desde la educación para vivir vidas libres de violencia.
A eso estamos apuntando. A hacer del mundo un lugar más habitable”.
Elisa Giustinianovich
Administrador de tualdea.cl