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La lucha de la Coordinadora 18 de octubre Austral por el bienestar y la libertad de presxs políticxs

“Y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido”.

Viktor Emil Frankl

La Coordinadora 18 de octubre es una articulación a nivel nacional, entre familiares, amigos, individualidades y organizaciones que luchan por la libertad de las más de mil novecientas personas que se encuentran encarceladas tras la revuelta que inició el 18 de octubre 2019. En Punta Arenas existe un complejo panorama con respecto a la prisión política, con presencia de casos muy graves en cuanto a la persecución, incluso algunos son considerados emblemáticos y han sido denunciados internacionalmente. En este contexto surgió la necesidad de crear la Coordinadora 18 de octubre Austral, que lucha a nivel local por el bienestar y la libertad de lxs presxs políticxs.

“El objetivo de nuestro trabajo es acompañar los casos de prisión política, entregando apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, difusión mediática, apoyo económico para pagar las defensas; realizar manifestaciones, intervenciones callejeras y lo que se necesite en base a las peculiaridades de cada caso. Además la Coordinadora de Punta Arenas tiene un enfoque anticarcelario, por lo que nuestro trabajo no es solo sobre la prisión política, sino sobre la cárcel en general, porque si profundizamos en el tema todo preso es político, toda presa es política, porque quienes están hoy en las cárceles están predestinades a estar ahí, por ser pobres, por no tener redes o simplemente por no haber podido pagar una defensa. La existencia de la cárcel y los innumerables abusos que se viven en ella, es lo que cuestionamos”, indicó Sara, vocera de la Coordinadora 18 de octubre Austral.

Actualmente, dicha instancia se encuentra trabajando con cinco casos, entre ellos hay algunos que aún tienen un juicio pendiente, arriesgando muchos años de cárcel. Algunas personas han logrado salir de la cárcel y ahora están en un difícil proceso judicial, con libertades vigiladas y sufriendo distintas formas de persecución. Además se está llevando a cabo una campaña de acopio destinada a familiares de presos y presas de Punta Arenas. Al respecto la vocera dijo que se necesita un apoyo contundente, explicando que las reclusas están muy solas y sufren fuerte violencia dentro del recinto. Otro objetivo de la organización es concientizar sobre la cárcel e involucrar a la comunidad sobre el tema, ya que se percibe indiferencia y olvido respecto de las personas que han perdido su libertad.

“Hacemos un llamado a la comunidad a involucrarse con este tema y a ejercer una solidaridad activa, a tomar conciencia de que muchos niñes, jóvenes y pobladores se encuentran en este momento secuestrades por el Estado, viviendo la tortura de las cárceles y SENAME, más todas las vulneraciones que ocurren dentro de estas empresas del encierro. Es por esto que no podemos ser indiferentes antes esta situación, debemos, como la sociedad consciente que buscamos ser, cuestionar la figura de la prisión y de toda jaula, apoyar, solidarizar de todas las maneras que nos sean posibles con les preses, sus familiares y amigues, crear conciencia anticarcelaria, apoyar a la gente que está en estos engorrosos procesos judiciales. Porque el tema de la prisión, no es un tema ajeno, sino que a cualquiera puede ocurrirle, también a alguien de tu familia. Además los presos políticos son nuestros presos, son parte importante de la lucha por la dignidad y no podemos dejarles solos”, declaró la vocera de la Coordinadora 18 de octubre Austral. Asimismo, hizo una invitación a colaborar en la campaña de acopio, a sumarse a la organización desde distintos roles y talentos, ya que en el contexto de la pandemia ha costado mucho más articular las gestiones de ayuda.

Actualización de casos

Marcelo ‘Mandu’ Mandujano

Es un preso del estallido social de Punta Arenas. Fue declarado culpable de ser autor del incendio de la AFP Hábitat y desórdenes públicos. Arriesgaba once años de prisión y el pasado 01 de diciembre del 2020, tras once meses de prisión preventiva salió de la cárcel, condenado a cinco años de libertad vigilada intensiva.

Si bien, ‘Mandu’ salió del complejo penitenciario, actualmente es víctima de persecución, tanto hacia él como a su entorno. La libertad vigilada intensiva para los casos de prisión política presenta trampas y aplicación de “condiciones especiales”, una forma de medidas represivas extras, que no se aplican a todas las libertades vigiladas. Por ejemplo, a la condena de ‘Mandu’ se agregó que debe permanecer en su domicilio ocho horas, o sea, prisión domiciliaria, una medida cautelar que no debería ser aplicada como condena. Además, es totalmente contradictorio al objetivo de la libertad vigilada, la que está supuestamente orientada a la reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral. Entonces, si tiene que estar preso en su domicilio ocho horas ¿cómo puede estudiar, asistir a los talleres de reinserción y trabajar como lo solicita el tribunal?

La Coordinadora 18 de octubre Austral, señaló al respecto: “Queremos hacer un llamado al resto de compañerxs que han sido o serán condenados a libertad vigilada, a estar atentos a estas ‘medidas especiales’ y más alerta aún, con la nueva táctica que está utilizando del Ministerio Público, de anular las sentencias y juicios cuando no logra su objetivo de encarcelar largos años. Claramente, la libertad vigilada no busca la ‘reinserción’, menos aún en casos de prisión política, sino que es otra forma de castigar y vigilar a quienes luchan por un lugar mejor para todxs.

Si fuiste condenadx a libertad vigilada y tienes antecedentes similares a lo ocurrido en el caso de ‘Mandu’ puedes comunicarte a la fanpage (Facebook): coordinadora18deoctubreaustral”.

Anderson Rayo

Es un joven colombiano, quien estuvo más de un año en prisión preventiva, acusado de quebrar un vidrio del Banco Estado. Fiscalía pedía cinco años de presidio efectivo. Finalmente fue condenado a la sentencia de trescientos días de cárcel en su grado mínimo. En este caso se consideró el año que estuvo en prisión preventiva, por lo que quedó en libertad, con arraigo regional y debe firmar cada quince días.

Cabe la pregunta: Y ahora ¿quién le devuelve a Anderson esos sesenta y cinco días extras que tuvo que pasar en prisión y quién reparara la terrible difamación mediática que se hizo de su persona por un daño simple?

Su proceso se caracterizó por ser racista y criminalizar el movimiento social. Cinco años por un vidrio es un claro ensañamiento político de las fuerzas represivas en contra de la pobreza, los cuerpos racializados y la protesta. A pesar de eso, Anderson sigue adelante y cuenta con el apoyo de toda la comunidad que luchó por su libertad.

Maximiliano Oyarzún

Es un joven de Punta Arenas, brigadista forestal, que estudia Ingeniería Ambiental, quien realizaba labores de primeros auxilios en las marchas. Su caso salió a la luz el 09 de marzo de 2020. Se le acusó de haber lanzado un artefacto incendiario a un carro lanza agua de Carabineros. Fiscalía solicitó tres años y quinientos cuarenta y un días de cárcel, por lanzar una molotov y por un arma blanca decomisada. Como medio de prueba, testificarán cinco funcionarios de Carabineros y dos de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, acudirán al juicio tres peritos para exhibir contenido gráfico e informes del sitio del suceso. Su juicio oral será en septiembre del presente año.

En este caso, la vocera de la Coordinadora 18 de octubre señaló: “El problema de la molotov es que se trata bajo Ley de armas y en Chile tenemos graves problemas con esa ley, ya que solo se aplica para reprimir al pueblo. Él tenía una cortapluma muy pequeña y es considerada arma. Ridículo, pensando en lo de los ‘utensilios’. Además la Ley de armas no permite una pena sustitutiva, o sea no puede acceder a penas como libertad vigilada, es cárcel sí o sí”. Por ello, se está trabajando para que tenga una buena defensa y cuente con los apoyos necesarios.

Finalmente, la organización declaró: “Invitamos a quienes estén siendo procesadxs a comunicarse con los movimientos por la libertad de lxs presxs de su localidad y no quedarse calladxs, ya que eso es lo que buscan los persecutores, aislarnos y procesarnos sin que tengamos la información necesaria para defender nuestra libertad. Ante eso, hagamos lo contrario, denunciemos lo que pasó, busquemos ayuda y asesoramiento ¡No nos dejemos apresar!”.

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