Las dos últimas semanas vecinos y vecinas de la población Archipiélago de Chiloé, encendieron alarmas ante la inminente tala de bosque nativo en dicho sector, por la construcción de un conjunto de viviendas sociales.
La acción fue encabezada por María Belén Bravo, habitante de ese territorio, quien expuso ante vecinos/as, organizaciones sociales de Punta Arenas, algunos funcionarios de instituciones estatales y la concejala Verónica Aguilar, los alcances del proyecto de construcción que ejecuta SALFA y los impactos que estas obras tendrán en el bosque relicto, que cuenta con especies nativas de ñirre, lenga y diversos exponentes de avifauna.
Al respecto, Bravo indicó, que como este proyecto incide en el Humedal del Parque María Behety, protegido por ley, debiese pasar por un Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, al consultar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) vía transparencia, este respondió que la iniciativa no fue ingresada al sistema.
Revisa aquí Resolución 648 exenta que reconoce de oficio Humedal urbano Parque María Behety: http://bcn.cl/2wr5o
El 13 de enero, María Belén Bravo solicitó información al Ministerio de Medio Ambiente. La consulta apuntaba a establecer: 1) si el Plan Regulador vigente considera dicha área o parte de la misma como zona inundable 2) si cuenta con autorización de autoridad competente, respecto de la intervención del cauce superficial y napas subterráneas por parte de la empresa ejecutora del proyecto habitacional, las cuales confluyen en el Parque urbano que se reconoce oficialmente como uno de los dos humedales existentes en Punta Arenas 3) si existe autorización de Conaf, respecto de la eventual tala de árboles nativos 4) si en el desarrollo del Plan Regulador, se tuvo en cuenta la Evaluación Ambiental Estratégica 5) si este proyecto habitacional elaboró un estudio de Impacto Ambiental, vinculante con la Ley 19.300, en particular con los numerales 10 y 11.
Además, el escrito señala: “Se generará una irreparable afectación a la flora o comunidad vegetal y animal que se percibe en el territorio aludido: la flora sub antártica propia del bosque caducifolio del género nothofagus, donde predominan especies como el ñirre, coigüe, lenga y el arbusto espinozo calafate. En cuanto a la fauna aviar, se verifica la presencia de distintas especies, a saber: loica, tucuquere, diucon, tiuque, carancho, cachañas, cometocino, bandurria y zorzal. Se visualiza la presencia fauna animal asociada a conejos y zorros.
En cuanto a la presencia de hongos, se pueden identificar, la Calvatia utriformis, Lycoperdon, Morchella, Cortinarius magellanicus, Cuphophyllus adonis, Hypholoma y Panaeolus”.
Ante la consulta, el Ministerio de Medio Ambiente derivó la responsabilidad a distintos servicios, entre ellos Conaf, para darle respuestas de acuerdo a las competencias de cada institución. Asimismo, indica que en lo que compete a la Corporación Nacional Forestal existe un plan de manejo forestal autorizado, detallando que el estudio técnico corresponde a un Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar obras civiles, para efectos del artículo 21 de la Ley 20.283, del Bosque Nativo. A renglón seguido señala que el objetivo de la intervención es la corta y despeje de vegetación arbórea de 5,64 hectáreas para el desarrollo de un proyecto inmobiliario denominado Brisas del Sur, desarrollado por la empresa Rentas Inmobiliarias SALFA S.A. y que el estudio contempla un programa de reforestación con especies del mismo tipo forestal intervenido, en un densidad de 3000 plantas por hectárea. El documento no indica el lugar de reforestación y tampoco un plan de seguimiento, ello considerando lo que significa lograr el desarrollo de las especies que se pretende talar.
Paulina Sandoval, integrante de la Coordinadora Social de Magallanes indicó: “Esta iniciativa es súper valorable porque nace de vecinas y vecinos de este territorio, de esta parte de la ciudad que tienen un interés superior, que tiene que ver con la dignidad, con el buen vivir y con pensar en las generaciones que vienen a futuro, sobre todo pensando en este escenario de crisis climática donde estamos, justamente, escribiendo una nueva constitución y para nosotros como Coordinadora era súper importante acudir a este llamado en donde la sociedad civil organizada, tiene que actuar, tiene que hacer frente –lamentablemente- a las formas de hacer políticas públicas, en este caso. Porque son para la construcción de viviendas sociales y que está súper bien, porque se necesitan y es una realidad, pero ¿A qué costo? ¿A costo de destrozar un bosque, que por lo demás tiene una larga data y que por lo demás la tala de este afectaría a la gente que vive acá, sino a toda la comuna?”.
Por su parte, José Necul, presidente de la Junta Vecinal 57 de Archipiélago de Chiloé y miembro del Consejo de la Sociedad Civil expresó: “Nosotros como dirigentes sociales, fuimos muchos de los que estuvimos en la calle en la protesta del estallido social. Entonces de ahí empezamos a luchar por la dignidad de las personas y esa dignidad viene apegada a su medio ambiente, a su entorno, a resguardar la vida humana en sí (…) y todos sabemos cómo está nuestro planeta con el calentamiento global, cómo se ve la situación medioambiental, entonces nos parece inaudito, poco creíble que venga una empresa privada a destruir poco más de cuatro hectáreas de bosque (…) entonces la verdad de las cosas que simplemente todo este movimiento, toda esta alerta es hacer un llamado a la conciencia de la ciudadanía y no solamente de Punta Arenas y Magallanes, sino también de Chile, en realidad. Empecemos a cuidar nuestro planeta. La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha tirado una alerta mundial que quedan alrededor de 60 años para que nuestro planeta llegue a una temperatura ambiental que esté en la línea de riesgo de la raza humana. Entonces, por favor, no podemos estar un día creando una pintura absorbente de CO2, cierto, cuando al otro día sacamos un proyecto que va a destruir más de 600 árboles. Entonces, simplemente es hacer un llamado a la conciencia y ojalá la autoridad tome conciencia al igual que nosotros de esta situación, de que los bosques magallánicos, de los pocos bosques magallánicos que están quedando en nuestra región ya empiecen a ser protegidos”.
Consecuentemente con lo denunciado por María Belén Bravo, el abogado Pablo Galaz, presentó un Recurso de Protección con Rol de Ingreso 18-20022 en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en contra de SALFA S.A., representada por Francisco Phillippi y de la Municipalidad de Punta Arenas, representada por el alcalde Claudio Radonich. Ello, según señala el documento, por haber “comenzado la intervención, tala y deforestación de un bosque relicto, y de sus cauces de aguas subterráneas que interactúa de manera directa con humedal urbano protegido por la ley, careciendo de las autorizaciones legales que conforme a la Ley de Base Medioambientales correspondía obtener por el lado de la empresa constructora, y sin ejercer la debida fiscalización, supervigilancia y respectiva paralización de obras en relación a la extensión de terreno”. Asimismo, el recurso señala: “los recurridos han vulnerado, y amenazado gravemente las garantías fundamental del artículo 19 No 8, esto es, la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
En otro aspecto, el texto señala que dicho proyecto “no solo es un atentado grave contra el medio ambiente sino que además, es un riesgo latente para las personas que se les ha ofrecido residir un lugar, que hasta este momento da cuenta de ser una zona latente de inundación”.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas dio lugar a la orden de no innovar, lo que significa en teoría que las obras debiesen estar paralizadas. En tanto, uno de los recurridos, SALFA S.A., solicitó seis días más, para entregar antecedentes.
Puedes revisar el texto completo del recurso aquí:
RECURSO-PROTECCION-BOSQUE-RODRIGUEZ-22Conflicto social de viviendas
En el marco de la cobertura mediática del conflicto socioambiental, las familias que esperan hace años por acceder a sus viviendas sociales no demoraron en reaccionar, llegando inclusive hasta el sector de inicio de las obras, donde ya se ha talado y alterado el terreno, para manifestar su demanda de derecho a contar con una casa.
Vecinos y vecinas del Barrio Archipiélago de Chiloé que hicieron la denuncia ambiental, fueron enfáticos al aclarar que en ningún caso querían atentar contra el derecho a vivienda de las familias involucradas en los proyectos habitacionales ejecutados por SALFA S.A., sino que su preocupación era el terreno elegido para la instalación del barrio, ya que como se menciona en el Recurso de Protección, no solamente reviste un atentado grave al medio ambiente, sino que presenta un riesgo por las condiciones del suelo, lo que señalaron, podría replicar la ingrata experiencia del “Pueblo hundido”.
El terreno elegido para la instalación del proyecto habitacional colinda con la población Archipiélago de Chiloé, entre calles Ancud y Manuel Rodríguez. En tanto que su avalúo es de $3.157.219.094 (Fuente: Servicio de Impuestos Internos).
En una reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal que preside José Becerra, a la que asistieron las vecinas y vecinos que han realizado la denuncia, junto a representantes de la Coordinadora Social de Magallanes y el Movimiento Ciudadano ProVerde, se informó que el proyecto vigente para la construcción se denomina Brisas 2, que contempla la construcción de 147 casas. Este fue ingresado el 12 de noviembre de 2021 y aprobado el 06 de diciembre de 2021. En tanto el proyecto Brisas 1 caducó automáticamente por falta de antecedentes no ingresados por la empresa SALFA.
El beneficio ecológico del bosque para la comunidad
El ingeniero ambiental Néstor Arias explicó que el bosque relicto (bosque antiguo) que está inmerso en la ciudad, tiene una importancia ecológica fundamental para la estabilidad de los ecosistemas. Es decir, “si se pierde el bosque relicto, solo podremos ver palomas en Punta Arenas ya que los bosques que están en las periferias son reales fronteras entre naturaleza y ciudad, por ende, las especies de aves que necesitan de los árboles se van desplazando y perdiendo hábitat, ni hablar de las especies que tienen data de más de 100 años”, enfatizó.
Asimismo, indicó que “cuando se dan las características de humedal, (siempre y cuando cumpla ciertos criterios técnicos), independiente que este sea reconocido o no por el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo a la Ley de Humedales, por si solo cuenta con protección, gracias a la incorporación de una nueva tipología de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su letra ‘S’. Eso significa que cualquier proyecto de construcción que se pretenda ejecutar en un lugar que tenga las características de humedal, debe presentar primero un análisis de susceptibilidad de hábitat, para determinar si la zona a intervenir y su ecosistema presenta condiciones de humedal. Bajo esta premisa, la zona inundable del sector sur tiene una cubierta vegetal de turba que alcanza los 2,7 metros de profundidad, con una diversidad alta de especies”.
El otro antecedente presentado por Arias es que Magallanes y Punta Arenas poseen condiciones ideales para ser reconocidas como una región y ciudad de aves (respectivamente), de tal modo de poder enfocar los esfuerzos de crecimiento, apuntando hacia el turismo de intereses especiales (avistamiento de aves). Ello permitiría una nueva mirada de desarrollo.
Junto con ello, puso en relieve que con la incorporación de la Ley de Humedales, se hace necesario modificar el Plan regulador e incorporar esta variable, dando protección a los espacios que proporcionan mayor cantidad de servicios ecosistémicos a la comunidad en su conjunto.
“Los seres humanos somos la única especie que es arquitecta de su realidad. Si podemos diseñar y construir infraestructura que sea respetuosa y un aporte a los ecosistemas, se requiere incorporar al diario vivir la terminología NATURALEZA ES CALIDAD DE VIDA, por consiguiente, decir que la naturaleza es parte de la ciudad.
Todos los proyectos deben considerar la variable ambiental para su diseño y análisis, de lo contrario siempre se toparán con esa variable de sopetón (con un recurso de protección) y ya es sabido que esto puede detener por entero un proyecto de importancia”, puntualizó.
La decisión de ejecutar el proyecto de viviendas sociales Brisas 2 en medio de un bosque relicto genera muchas interrogantes ¿Quién y bajo qué criterios toma esta decisión? ¿Por qué un proyecto como este no se realiza en otro terreno de la ciudad que cuente con mejores condiciones de suelo? ¿Se busca garantizar el derecho a vivienda de las familias o son otros los intereses? ¿Por qué el municipio de Punta Arenas no ha desarrollado un rol fiscalizador y de resguardo del Humedal ubicado en el Parque María Behety donde desembocan los cauces hídricos del terreno? Asimismo, este conflicto pone en evidencia otro problema de la comuna: el alto precio de los arriendos, que en promedio supera el salario mínimo establecido, lo que se ve dramatizado aún más por la crisis mundial pandémica, que en Punta Arenas golpea con fuerza y su consiguiente nivel de desempleo y precarización de la vida.
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