Soy una profesional del mundo humanista y desde hace más de 11 años me convertí en activista por la defensa del medio ambiente, con el propósito de proteger la naturaleza de la región de Magallanes, donde habito. En 2010 se anunciaba la peor noticia para la zona, la llegada del proyecto Mina Invierno que posicionó la megaminería a cielo abierto en la cuarta isla más grande de Chile: Isla Riesco. A pesar de todos los intentos de las agrupaciones ecológicas locales por detener esa masacre, el proyecto se aprobó con la venia del mismo presidente Sebastián Piñera, quien tenía acciones en COPEC (del grupo Angelini), que junto a Ultramar (de Von Appen) estaban asociados al emprendimiento. Cabe señalar que las acciones de Piñera aumentaron $2.500 millones de pesos tras dicha aprobación.
A poco andar de ese proceso, como movimiento tuvimos la oportunidad de conocer a comunidades de Huasco, que fue uno de los lugares donde se llevaba el carbón extraído en Isla Riesco para ser quemado en termoeléctricas. Eso nos permitió palpar de cerca y comprender el concepto de Zonas de Sacrificio. Uno que en lo personal no me deja de conmover, porque pienso que nuestra sociedad lo ha naturalizado.
Las zonas de sacrificio se extendieron por todo el territorio chileno, a raíz de la proliferación de negocios extractivos que han contribuido de manera peligrosa a la generación de gases de efectos invernadero, todo ello, al amparo de una constitución y un sistema de leyes que sostienen al Estado subsidiario.
Recuerdo con nostalgia la sensación que albergamos, tras el Acuerdo de Paris, que nos alertó de la gravedad de la situación pero que nos mostró que aún estábamos a tiempo de revertir los efectos del cambio climático. Por eso, tras conocer los alcances del sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), yo esperaba una pausa general, tanto del mundo público como privado, algo que demostrara la voluntad de cohesión y la conciencia sobre el momento actual que vive el planeta y lo que eso significa para la humanidad.
A principios de agosto el gobierno regional de Magallanes declaró Emergencia Climática. Fue uno de los primeros actos políticos más importantes realizados por el gobernador Jorge Flies. En ese momento se anunció la creación de una comisión técnica que tendría la misión de velar por el cumplimiento de la declaración. Sin embargo, en el proceso de conformación de dicha instancia no se generó un proceso de apertura para que todas las organizaciones ambientales pudieran participar, dejando de lado la memoria socio-ecológica de las comunidades que durante años han protegido el territorio y desconociendo la previa declaración de emergencia climática emanada de las mismas. Por ello, diez organizaciones ambientales de la región nos unimos y propusimos un proceso de Declaración de Emergencia Climática efectivo, inclusivo, transparente y diverso en que la comisión recientemente nombrada no suplante la verdadera participación ciudadana.
Creo que la realidad del planeta requiere de una transformación profunda que ponga en el centro de todas las acciones y programas la conciencia de la crisis climática y su carácter irreversible. Ser resilientes hoy, implica un esfuerzo por practicar la empatía con las comunidades más vulnerables que una vez más sufrirán los peores efectos de esta crisis y que ya lo están soportando. Entender aquello no califica como “ecoansiedad”, que sería una caricaturización del problema, solo se trata de sensatez, porque podemos hacer adaptaciones, que muchas personas ya estamos practicando pero se requiere un cambio de rumbo en la forma de comprender la economía, con una visión verdaderamente sustentable. Como dijo Nicanor Parra, tenemos que cambiar todo, de raíz.
Relacionadora pública, escritora, defensora ambiental y directora de Tualdea.cl