Muertes y desapariciones durante la dictadura militar

(1973 – 1990) 1ª parte

“Levántate y mírate las manos

Para crecer estréchala a tu hermano

Juntos iremos unidos en la sangre

Ahora y en la hora de nuestra muerte…

Amén”.

‘Plegaria a un labrador’, Víctor Jara.

El documento redactado por la Comisión Nacional de Verdad y Reparación conocido popularmente como Informe Rettig (1990-1991), el primero en su tipo, tuvo por objeto contribuir al esclarecimiento de la verdad en los graves atropellos y violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el advenimiento de la democracia en marzo de 1990.

Dentro de las líneas dedicadas a la región de Magallanes, el texto reconoce lo siguiente: “(…) cinco casos de violaciones a los Derechos Humanos (…) entre el 11 de septiembre de 1973 y fines de ese mismo año, todas ellas con resultado de muerte y donde la Comisión adquirió la convicción de que existió responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio”. Las víctimas son las siguientes: José Orlando Álvarez Barría, Jorge Manuel Parra Alarcón, Germán Simón Cárcamo Carrasco, Ramón Domingo González Ortega y Carlos Raúl Baigorri Hernández (estos tres últimos fueron asesinados al unísono en Porvenir, Tierra del Fuego).

Por otro lado acredita y reconoce la desaparición de Silvio Bettancourt, cuya suerte aún se desconoce, durante septiembre de 1973.

Con respecto a Juan Carlos Cárdenas Pérez, fue declarado en el volumen I, tomo II del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como ‘caso sin convicción’, esto quiere decir que no se logró reunir ‘evidencias objetivas suficientes para declarar víctimas de violaciones a los derechos humanos a los afectados’ (Tomo II, Informe Rettig, página 1161).

Otros tres nombres se suman a la lista de personas ultimadas por militares, bajo la convicción de los familiares, las evidencias y las respectivas comisiones. Sus nombres son José Daniel Vera Pérez (Valech II, 2011), Martín Miranda Aguilar (Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, 1996) y Susana Obando Coñué (CNRC, 1996).

En 1988 con el asesinato de la joven Susana Obando Coñue, la cifra de muertos en Magallanes se eleva a 9 personas (más la desaparición de Betancourt), sin contar a quiénes fueron secuestrados y confinados en centros de detención o campos de concentración, torturados, juzgados por consejos de guerra, relegados, exiliados (por fuerza o persecución), exonerados, humillados;  o quienes vieron sus estudios, trabajos y vidas truncados. A nivel nacional se reconocen, a través de las distintas comisiones designadas para ello (Rettig, CNRR y Valech), un total de 3.227 personas víctimas de violaciones a los derechos humanos en sus más inhumanas expresiones.

Como establece la página web dawson2000.com: “Hasta hoy día, los autores y responsables de esta brutal represión en Magallanes nunca han tenido que responder ante la justicia por sus acciones. Tampoco el gobierno ha reconocido ni tomado responsabilidad por los daños físicos, psico-sociales y materiales causados a quienes fueron víctimas directas de estas violaciones por agentes del Estado de Chile”. Continúa estableciendo que “(…) no sólo denuncia los asesinatos, torturas, arrestos, confinamientos, relegaciones y exilio de magallánicos, sino también la no menos sutil represión y frágil libertad que debieron soportar madres, padres, hermanos(as) e hijos(as) de prisioneros o perseguidos políticos. Nuestros familiares fueron víctimas de continuos amedrentamientos físicos, económicos y políticos durante la dictadura militar”.

A continuación les presento los fragmentos de sus historias, ordenadas cronológicamente en la tragedia, y comenzando por dos de ellos: Silvio Bettancourt y José Alvarez.

SILVIO FRANCISCO BETTANCOURT BAHAMONDE

Desaparecido en Punta Arenas

Fue uno de los más altos dirigentes del Movimiento de Acción Popular (MAPU), mientras se desempeñaba como ingeniero petroquímico para la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en Tierra del Fuego. 

En el primer bando militar durante el estado de emergencia, fue conminado por los militares a presentarse ante ellos. Bettancourt tras conversarlo con unos amigos decidió irse por sus propios medios hacia a Río Gallegos (Argentina), cosa que jamás llegó a ocurrir.

Uno de sus amigos, quien fuera interrogado por los militares, dijo haberles escuchado que Silvio ya no era de su interés, puesto que estaba muerto. Posteriormente un ex agente de seguridad, amparado en el anonimato, expresó haber visto al ingeniero en un recinto militar, mientras era interrogado y torturado.

El puntarenense tenía 22 años cuando desapareció el 12 de septiembre de 1973 (según consigna su madre). Hasta el momento se desconoce su suerte.

JOSÉ ORLANDO ALVAREZ BARRÍA

Asesinado en Punta Arenas

Obrero  de la Fábrica Estefó, sin militancia política conocida, casado y padre de tres hijos. Tenía 28 años el día que salió a comprar y fue detenido por una patrulla militar en calle Covadonga esquina Pasaje Maule (barrio Prat). Posteriormente, dicen los testigos, se escucha un disparo, siendo su cuerpo encontrado al día siguiente en la morgue local. La causa del deceso establece anemia aguda, shock irreversible, hemiperitoneo, ruptura colon y vejiga, por la acción de bala penetrante abdominal complicada.

Oficialmente se dijo que fue baleado al resistirse al control de la patrulla agrediendo a un oficial, además de encontrarse participando en una reunión clandestina junto a otras personas. Nada de lo anterior se pudo probar. Testigos dicen haberlo visto en el momento de su detención desarmado, contra una pared y con las manos en alto. Sucedió durante la tarde del 30 de septiembre del ’73.

El 2014 se condenó a Mariano Marín Berrios a cumplir la pena de cinco años bajo libertad vigilada como autor del homicidio calificado en contra de José Álvarez.