En una ceremonia efectuada recientemente en el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI), la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó a la comunidad el Informe Anual 2024 de la institución. Un trabajo que se gestó en el contexto de los 31 años de la promulgación de los Principios de París, resolución con la cual la Asamblea General de Naciones Unidas creó el estatuto de las instituciones nacionales de derechos humanos. El acto contó con la participación de autoridades regionales, representantes de organizaciones sociales y la presentación musical de Cristian López Figueroa y Nicolás Petrovich Rodriguez.
Los Principios de París indican que organismos como el INDH dispondrán del mandato más amplio posible y sus prerrogativas abarcarán toda situación de violación de los derechos humanos de la cual decidan ocuparse. También prescriben que toda institución de derechos humanos necesita ser autónoma y no estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia.
El jefe regional del INDH, Cristian Figueroa Fuentealba, expuso que el Informe Anual 2024 plantea 75 recomendaciones al Estado, en siete capítulos enfocados principalmente en derechos económicos y sociales. Pero también, como se hace desde el primer documento, dedica un espacio a las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar.
El primer capítulo refiere a los desplazamientos forzados internos que afectaron a cientos de personas por la revocación de la reforma agraria y los desalojos de viviendas sociales como Villa San Luis. El derecho a la seguridad personal se desarrolla en el segundo capítulo, en tanto que el tercero habla de personas defensoras de derechos humanos y, el cuarto aborda la problemática de más de 70 mil hogares en asentamientos precarios.
El quinto capítulo se concentra en los derechos humanos de mujeres privadas de libertad madres o embarazadas, mientras que el sexto toca los derechos vinculados a la biodiversidad, a propósito de la implementación del sistema nacional de áreas protegidas y su desigual distribución a lo largo del país, siendo un tema que atañe especialmente a Magallanes. Finalmente, el séptimo capítulo, trata sobre los avances y desafíos para el derecho a la salud mental.
Cristian Figueroa Fuentealba, comentó que durante el año 2024, la sede regional del INDH atendió a más de 300 personas por distintas consultas, además de haber realizado 80 actividades de promoción, tanto con funcionarios públicos como organizaciones de la sociedad civil.
“A nivel nacional, lo que marcó el año pasado fue el cuestionamiento a nuestro mandato, la querella contra 7 consejeros y consejeras, el requerimiento de la Cámara de Diputados y Diputadas para destituir a 2 consejeros electos por la sociedad civil , por el sólo hecho de tomar una decisión frente a la cual tenemos la convicción que es parte de nuestro mandato, requerimiento que fue rechazado por la unanimidad de la Corte Suprema”, señaló Figueroa, agregando que “posteriormente nos enfrentamos a la negativa del Congreso de aprobar el presupuesto 2025, que, en palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ‘el efecto práctico’ era cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Una diferencia de tres votos a favor en el Senado, evitó este desenlace”.
Asimismo, recordó que si bien se aprobaron los fondos, fue a cambio de una indicación que crea la Comisión Asesora para el fortalecimiento del INDH, de carácter temporal, que tiene por objeto asesorar técnicamente al presidente de la República y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, respecto de las posibles modificaciones legales que puedan realizarse a la institución, sobre las bases de los principios de París.
“Cuando se cede en materia de derechos humanos y estos retroceden, pierden las mujeres, pierden los niños y las niñas, pierden las personas con discapacidad y las personas mayores, pierden los pueblos originarios y pierden las grandes mayorías alejadas de los grupos de poder. Comenzamos este año con el anuncio de la voluntad de reforma al INDH, esperamos que sea efectivamente para su fortalecimiento y no porque hay cosas que incomodan al poder. Después de todo. Las instituciones nacionales de derechos humanos nacieron para aquello”, puntualizó el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Derechos Humanos y Áreas Protegidas
La actividad, contó también con una presentación de Pablo Rojas Bálvoran, sociólogo de la Unidad de Estudios del INDH, quien expuso en profundidad el Capítulo VI, titulado “Derechos Humanos y Áreas Protegidas”, ello, debido a que su elaboración comenzó con el trabajo en terreno en Magallanes, por medio de reuniones con diferentes representantes de la sociedad civil, defensoras-es de derechos humanos y autoridades regionales, considerando que se trata de uno de los territorios con mayor superficie de áreas protegidas.
Al respecto, Pablo Rojas Bálvoran, explicó que en términos de áreas protegidas existen estándares y obligaciones que el Estado debe responder, entendiendo que dichas áreas son un instrumento de resguardo de la biodiversidad y que Chile se ha comprometido a llegar a ciertas metas específicas de protección de una biodiversidad endémica del país, que es bastante peculiar, la que presenta más de 126 ecosistemas.
“Entre las regiones de Aysén y Magallanes se concentra más del 50% de áreas protegidas, por lo tanto, hay un espacio importante de desafíos que resolver ahí. En este espacio de Magallanes, que es tan vasto hay muchos nudos críticos en términos de gestión y en términos de operatividad, para hacer que estas áreas protegidas efectivamente estén protegidas”, afirmó el especialista, remarcando que “una cosa tiene que ver con lo que dice el papel y otra tiene que ver con la implementación de acciones que permitan decir que existe una protección efectiva de la biodiversidad y el medio ambiente y, siendo que Magallanes es la región que, junto a Aysén, tienen la mayor cantidad de territorio de áreas protegidas, entonces obviamente para el Estado el desafío es mucho mayor”.
Tu Aldea le pidió al sociólogo Rojas Bálvoran, comentar sobre la inminente instalación de las industrias de hidrógeno verde en nuestra región y cómo se relaciona con los derechos humanos, lo que él calificó como “uno de los aspectos más importantes o por lo menos uno de los nudos críticos más importantes que se viene para Magallanes”, refiriéndose a la probable o potencial instalación de la industria del hidrógeno verde en Tierra del Fuego.
En este sentido, dijo que en el marco del Informe Anual del INDH 2024, uno de los estándares internacionales que se impone ante Chile tiene que ver, no solamente, con la protección del territorio específico o limitado del área protegida, sino que también con los sectores aledaños, que indefectiblemente se ven potenciados o vulnerados respecto a las acciones que puede hacer el Estado sobre estas áreas protegidas.
“Si bien se ha dicho mucho respecto al hidrógeno verde, como un recurso estratégico nacional, uno tiene que entender que el Estado no solamente se tiene que hacer cargo de que la industria de hidrógeno verde pueda ser sustentable, que eso también creo que puede ser parte de la discusión, si es tan sustentable o no es tan sustentable, pero lo que es cierto es que probablemente la instalación del hidrógeno verde, en esta zona, va a traer una población flotante de más de 7000 o 8000 personas y la pregunta que uno se hace es si Tierra del Fuego y el Estado, en general, tienen la suficiente oferta de servicios en términos de salud, educación, trabajo, etcétera, en esa parte de la región”, afirmó.
A renglón seguido, subrayó: “La consideración que tiene el Instituto a partir de las entrevistas que hemos hecho con las autoridades es que, efectivamente no está preparado y eso también genera degradación de la biodiversidad y no solamente degradación de la biodiversidad, sino que también una serie de problemas, a propósito de la sobre saturación de la demanda que pueda haber en esa zona, que además no tiene carreteras lo suficientemente robustas o un sistema de interconectividad lo suficientemente robusto, por lo tanto, ahí hay un desafío que es mucho mayor en términos de articulación de la oferta programática del Estado y que al parecer dentro de la estrategia del hidrógeno verde, esos aspectos no han sido debidamente abordados”.
Finalmente, se refirió al mayor desafío de Magallanes en términos de derechos humanos, desde su visión: “Creo que junto con los temas ambientales, Magallanes tiene un gran problema, a propósito de que el 50% de sus terrenos son áreas protegidas y donde hay industrias que son bien depredadoras, en algunos sentidos -estoy pensando en la industria salmonera, pero también lo que podría pasar a propósito de la industria del hidrógeno verde-, creo que hay un problema mayor. Nosotros hace dos semanas atrás estuvimos, también en Magallanes, viendo temas del acceso a salud y que tiene que ver con la conectividad”.
Sobre esto, recordó que Magallanes es una zona extrema y si bien el Estado ha generado nuevos instrumentos para poder aumentar la inversión en el territorio, aún estamos muy atrasados y eso genera graves problemas en términos de acceso a diferentes tipos de servicios que, finalmente tienen que ver con derechos. En este punto se refirió a los derechos a la educación, a la salud y laborales, específicamente mencionó el caso de funcionarios públicos, como carabineros o de los distintos programas de gobierno.
“Tanto Magallanes como Aysén son regiones muy complejas en términos geográficos y esa complejidad, además genera otro tipo de fenómenos en los que el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo”, indicó, apuntando a que se trata de regiones con altas tasas de problemas en salud mental, alcoholismo, drogadicción, abuso y, donde finalmente, las empresas o algunos actores que tienen más poder, efectivamente lo ejercen, sin ningún tipo de contraste o sin ningún tipo de resguardo que pueda generar el Estado.
“En ese sentido, el centralismo que hay en Chile genera una gran dificultad para poder abordar problemas que sean mucho más micro espacializados, como los que se pueden dar en Magallanes. En el fondo, la no conectividad y el que el Estado no pueda llegar a estos lugares, hace que otro tipo de poderes, como pueden ser privados o el narcotráfico u otro tipo de dispositivos de poder, finalmente se puedan tomar estos territorios. Ahí hay un desafío enorme, no solamente a nivel ambiental, sino que también a nivel de otros tipos de derechos económicos, sociales, culturales ambientales y no solamente eso, sino que también derechos civiles y políticos”, expresó.
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