El 20 de agosto, Beto Rodríguez Gallardo junto a Viviana Gallardo Magallán expusieron ante la Sub Comisión de Verdad Histórica de la Convención Constitucional sobre el caso Montaje Rinconada de Maipú. A continuación publicamos dicha intervención para su conocimiento y difusión más amplia.
“Estimadas y estimados Integrantes de la Sub Comisión de Verdad Histórica de la Convención Constitucional. Somos Viviana Gallardo Magallán y Beto Rodríguez Gallardo, integrantes y sobrevivientes de la Familia Gallardo Moreno del caso Montaje Rinconada de Maipú, e integrantes del Grupo de Memoria Renca de Pié. Les agradecemos hayan acogido nuestra solicitud de audiencia. Les contamos que son seis los integrantes de nuestra familia que han sido Víctimas del terrorismo de Estado en su calidad de Ejecutados Políticos, entre noviembre de 1975 y octubre de 1976. Nosotres, Viviana y Beto también hemos sido detenidos junto a nuestros seres queridos, a la edad de 09 años y 06 meses respectivamente.
Nos hemos demorado 40 años en culminar el juicio por el crimen de Catalina Gallardo, Roberto Gallardo, Alberto Gallardo y Mónica Pacheco (embarazada de 3 meses); y 45 en la caso de Rolando Rodríguez. Durante este largo proceso, que nos ha llevado la mayor parte de nuestras vidas, hemos sido testigos de las falencias de las políticas nacionales en materia de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación.
En relación a la Verdad, los perpetradores jamás han colaborado con las investigaciones judiciales. Sus respuestas constan de pérdida de memoria y desconocimiento del funcionamiento de respectivas unidades operativas. Por otra parte, en el caso de nuestra familia la prensa televisiva ha sido cómplice del asesinato de nuestros seres amados. Por su parte las comisiones de Verdad (Comisión de Verdad y Reconciliación 1991 y sobre Prisión Política y Tortura 2004 y 2011), no contaron con la participación de la sociedad civil en su elaboración, por lo cual quedaron situaciones aberrantes como el secreto por 50 años de los perpetradores. A su vez, los resultados de la Mesa de Diálogo del año 1998, demostraron que la Fuerzas no tuvieron voluntad de responder la eterna pregunta ¿Dónde están?
Sobre la Justicia podemos señalar que los procesos judiciales son más largos que las condenas a los responsables. En el caso Rinconada de Maipú se otorgaron condenas de 20 años de cárcel, en tanto los asesinatos, como dijimos anteriormente, se efectuaron 40 años antes. En el caso de Rolando Rodríguez el fallo condenatorio es de 10 años de cárcel, 45 años después de cometido el crimen. Cuando el Poder judicial ha determinado montos indenmizatorios para “reparar” el daño moral consecuente de los crímenes, otro actor estatal el Consejo de Defensa del Estado se opone a estas medidas, aduciendo que el Estado ya ha implementado medidas reparatorias ¿Cómo entender esta lógica?
Según cifras oficiales, existieron más de 1100 centros vinculados a la represión estatal, de los cuales un gran porcentaje se trataron de Centros Clandestinos de Tortura y Exterminio. Organizaciones de la sociedad civil, de familiares de víctimas del terrorismo de Estado y sobrevivientes se han dado a la labor de recuperar estos lugares para convertirlos en Sitios de Memoria, pero solo 6 de estos cuentan con algún financiamiento estatal, sin una norma que regule el proceso de identificación, recuperación y preservación de estos lugares, aun cuando Chile es precursor en este ámbito, al contar con el primer sitio de Memoria recuperado de América Latina (Villa Grimaldi).
Las medidas de reparación frente a las graves, masivas y sistemáticas violaciones de DD.HH. son claramente insuficientes e incomprensibles. Mientras las víctimas de Prisión política y Tortura recibimos una pensión inferior a los 200 mil pesos, las pensiones de los Asesinos y Torturadores ascienden a un promedio 2 millones de pesos mensuales. En lo referido a salud contamos con el Programa de Reparación Integral de Salud (PRAIS), el cual se ha mantenido como programa y no como Ley, con un presupuesto insuficiente lo que hace que en la práctica, la atención de Salud se homologue a la de Indigencia, por contraparte las Fuerzas Armadas responsables de las violaciones de DD.HH. en tiempos de dictadura y en la actualidad, se atienden en el hospital más moderno de Latinoamérica.
Considerando estos antecedentes es que proponemos a esta Subcomisión las siguientes medidas:
- Establecer una Comisión de verdad permanente, integrada por organizaciones de la sociedad civil.
- Degradar a los Agentes del Estado violadores de DD. HH.
- Reparar en salud mental y física acorde al daño causado, mediante ley, no programa.
- Generar una base de datos con cruces de las causas y perpetradores.
- Fin al secreto de 50 años de los nombres de los torturadores.
- Ajustar legislación nacional con la de organismos internacionales de DDHH.
- Desarrollar una Ley de Sitios de Memoria.
- Tipificar el delito de crimen de niños en el vientre de sus madres.
- Incorporar figura de expropiación para agilizar la recuperación Sitios de Memoria.
- Crear una nueva institucionalidad de DDHH.
Cabe señalar, que la mayor garantía de no repetición es cambiar el Modelo Neoliberal, en su nombre se violaron los DD.HH en el pasado y el en presente.
Por último pedimos la libertad a todes quienes sufren la prisión política disfrazada de delitos comunes.
Verdad y Justicia por las y los muertos de la Revuelta en especial por los cinco muertos de la fábrica Kayser en la comuna de Renca.”
Grupo de Memoria Renca de Pié
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