En distintos espacios internacionales comienza a utilizarse una expresión que describe bien el tiempo que estamos viviendo: “policrisis”. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, desigualdad y transformaciones aceleradas de los territorios ya no pueden entenderse como fenómenos separados. Para niños, niñas y adolescentes, además, no son problemas futuros. Constituyen parte del mundo en que están creciendo y ejerciendo sus derechos.
Frente a esta realidad, vale la pena preguntarnos si la forma en que hemos entendido la educación ambiental sigue siendo suficiente.
Durante años la hemos asociado principalmente con la modificación de conductas: reciclar, reducir residuos, cuidar el agua o proteger la biodiversidad. Son aprendizajes necesarios, pero resultan insuficientes frente a problemas cuya complejidad excede ampliamente las decisiones individuales.
Educar ambientalmente también supone entregar herramientas para comprender lo que ocurre en nuestros territorios, reconocer los distintos intereses que intervienen en ellos, formarse una opinión y participar en las decisiones que afectan la vida de las comunidades. Vista de esta manera, la educación ambiental puede ser también una forma de educación en derechos humanos.
La relación no consiste simplemente en agregar los derechos humanos como un contenido más. Implica algo más profundo: reconocer a las personas como sujetos capaces de comprender su entorno, construir una posición propia y ejercer derechos frente a las transformaciones que las afectan.
El pensamiento ambiental latinoamericano ha hecho una contribución importante a esta discusión. Enrique Leff, por ejemplo, ha planteado que la crisis ambiental no es solamente ecológica. También interpela las formas de conocimiento y la racionalidad con que hemos organizado nuestra relación con la naturaleza. Esta perspectiva obliga a preguntarnos qué conocimientos reconocemos, quiénes participan en su producción y qué lugar tienen los saberes construidos por las propias comunidades.
Aquí aparece un punto de encuentro con la educación en derechos humanos. Educar no consiste únicamente en transmitir información. Supone desarrollar capacidades para interpretar críticamente la realidad y actuar sobre ella. En materia ambiental, esto significa avanzar desde una educación centrada exclusivamente en conductas individuales hacia otra que permita comprender las relaciones entre ambiente, sociedad, poder y derechos.
También requiere recuperar una dimensión ética que a veces queda relegada. La responsabilidad individual importa, pero problemas como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de biodiversidad difícilmente pueden enfrentarse únicamente mediante decisiones personales. La solidaridad, la empatía y la corresponsabilidad adquieren entonces un significado político y comunitario. Pasar del “yo” al “nosotros” supone comprender que habitamos territorios compartidos y que nuestras decisiones afectan las posibilidades de vida de otras personas y comunidades.
Esta discusión adquiere particular importancia cuando hablamos de niñez. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión en los asuntos que les afectan. Más recientemente, la Observación General N.º 26 del Comité de los Derechos del Niño profundizó esta relación al abordar directamente los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación sobre sus derechos.
Esto cambia también la pregunta educativa. No basta con saber cuánto conocen los estudiantes sobre biodiversidad o cambio climático. Importa saber si pueden relacionar esos conocimientos con lo que ocurre en los lugares donde viven, comprender quién adopta las decisiones que los afectan, reconocer distintas perspectivas y conocer los mecanismos mediante los cuales pueden participar.
El Acuerdo de Escazú ofrece una oportunidad especialmente relevante para América Latina y el Caribe. Sus pilares —acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia— pueden ser leídos también desde una perspectiva educativa. Para ejercer esos derechos no basta con que existan formalmente. Las personas necesitan disponer de información comprensible, desarrollar capacidades para interpretarla, construir una opinión y contar con espacios efectivos para expresarla.
Por eso, abrir instancias de participación tampoco es suficiente. Participar implica poder comprender aquello sobre lo que se decide, expresar una posición y tener alguna posibilidad real de que esa opinión sea considerada. En el caso de niños, niñas y adolescentes, esta distinción resulta fundamental. No estamos simplemente formando ciudadanos para el futuro. Son sujetos de derechos en el presente y tienen una mirada propia sobre los territorios que habitan.
América Latina ha avanzado en el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y en la construcción de mecanismos de democracia ambiental. Sin embargo, persiste una distancia importante entre reconocer formalmente un derecho y disponer de las condiciones necesarias para ejercerlo. La educación puede contribuir precisamente a reducir esa distancia.
Educar ambientalmente desde los derechos humanos significa enseñar a cuidar el entorno, pero también a comprender las relaciones sociales que lo configuran, reconocer la diversidad de quienes lo habitan y participar en las decisiones sobre su transformación.
En tiempos de policrisis, quizás ese sea uno de nuestros principales desafíos educativos: aprender a habitar un mundo común sin olvidar que no todos lo habitamos desde las mismas condiciones, y que construir sociedades ambientalmente sostenibles exige también formar y reconocer sujetos capaces de ejercer derechos, asumir responsabilidades y participar en las decisiones que definen nuestro futuro compartido.
Paula Martínez
Brian Fleet Palma
Sociólogo, Consultor Especialista en Políticas Públicas y Derechos Humanos.